Menos discursos y más acciones en Seguridad

Por José Javier Díaz

Magíster (ITBA) y Master europeo (EOI) en Dirección Estratégica y Tecnológica. Especialista en temas de Defensa, Seguridad y Aeroespacio. Se desempeña como Consultor de Empresas y Gobiernos.

 

En los últimos diez años la seguridad se ha convertido en la principal preocupación de los cordobeses. Los discursos y los actos de entrega de diversos medios a la Policía no terminan de resolver la creciente inseguridad en Córdoba. Proponemos hacer más y hablar menos para que el cambio sea mejor para todos.

Introducción 

Este paper no pretende ser un análisis teórico sobre la compleja problemática de la (in)Seguridad ni profundizar en aspectos jurídicos, técnicos y operativos que la mayor parte de la sociedad desconoce.

Asimismo, no se busca establecer una única y excluyente forma de solucionar las múltiples causas que generan y/o contribuyen a la inseguridad, ni tampoco a la multidimensionalidad, integralidad e interagencialidad que implica formular una real Política de Estado en materia de Seguridad Ciudadana.

El abordaje sistémico, profesional, integral y a largo plazo que requiere cualquier Política de Estado resulta aún más necesario en el caso de la seguridad por los plazos y el tipo de consecuencias que puede traer aparejado el accionar criminal, en el cual no sólo se producen daños y perjuicios económicos o patrimoniales, sino también lesiones físicas y psicológicas que pueden ser temporales y/o permanentes, incluso hasta la pérdida de la vida.

Es preciso entender que la inseguridad nos afecta a todos los ciudadanos, sin importar en qué barrio vivimos, si tenemos altos o bajos ingresos, si somos de tal o cual partido político, de tal o cual religión, etc.

Lamentablemente, si hay algo en lo que coincide la dirigencia política cordobesa, de todos los partidos, es que la inseguridad que estamos padeciendo es preocupante y debemos hacer cambios pronto si queremos detener su auge y comenzar a revertir la triste realidad de que ya no podemos vivir tranquilos en nuestra querida provincia.

Acciones concretas para mejorar la Seguridad

Antes de pasar a enunciar algunas de las acciones concretas que se podrían tomar para mejorar la Seguridad en la Provincia de Córdoba, es conveniente recordar que sería conveniente y necesario lograr un consenso entre todas las fuerzas políticas cordobesas, de manera tal que los grandes lineamientos de la Política de Seguridad de Córdoba se mantengan inalterables durante los próximos veinte o treinta años, a fin de lograr los resultados esperados en cuanto a la reducción del accionar criminal, la reinserción de aquellos delincuentes que cumplen condenas, la prevención de las adicciones y la violencia intrafamiliar, etc.

Como se dijo anteriormente, las acciones que se enumeran a continuación no pretenden ser excluyentes ni ser consideradas como las únicas que podrían resolver o contribuir a mejorar la inseguridad en Córdoba.

Acciones a implementar: 

1.    Recrear el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba. Por su relevancia como Política Pública y deber indelegable del Estado provincial, se considera necesario darle nuevamente estatus de Ministerio al área gubernamental encargada de la Seguridad.

2.    Designar un funcionario idóneo como Jefe de Policía, asesorado por un Estado Mayor con policías de reconocida trayectoria y ascendente sobre los cuadros. La falta de credibilidad de la conducción policial y la existencia de camarillas que actúan a favor y en contra de ciertas autoridades según su afinidad o conveniencia personal hace recomendable que, al menos por un tiempo, la máxima conducción de la Policía sea asignada a un profesional técnico ajeno a dicha institución.

3.    Crear la Policía de la Ciudad de Córdoba y de otras localidades que, por su complejidad criminal, impliquen la necesidad de contar con una institución policial que conozca el territorio, los habitantes y la dinámica.

4.    Maximizar la presencia policial en las calles, las 24hs, los 365 días del año, desplegar retenes y controles en todos los puentes, cruces de rutas y demás puntos de interés para acotar la libertad de movimiento de los criminales. Todos los efectivos policiales deben realizar tareas de prevención y lucha contra la delincuencia, dejando las tareas administrativas en personal contratado a tal fin que no haya sido formado ni habilitado para portar armas.

5.    Prohibir la circulación de dos o más personas en motos en aquellas ciudades/localidades donde la tipología de “motochorros” así lo recomiende.

6.    Promover la activa participación y control ciudadano en la gestión diaria de la Seguridad en cada barrio/zona, participando en la elección de autoridades policiales, su calificación en forma anónima, definiendo zonas y horarios a patrullar, etc.

7.    Seleccionar a los mejores recursos humanos para integrar las instituciones que tienen injerencia directa en la Seguridad (Policía, Servicio Penitenciario, Fuerza Policial Antinarcotráfico, etc.); formarlos y capacitarlos periódicamente; cuidar su bienestar con adecuado equipamiento, mejores salarios y obra social, etc.; empoderarlos con más atribuciones, reglas claras y un claro apoyo; controlarlos (consumo de drogas y alcohol, declaraciones juradas de bienes y ganancias, etc.) y evaluarlos para su permanencia y ascenso mediante exámenes psicológicos, físicos, académicos, concepto de los CPC y centros vecinales, etc.

8.    Invertir en personal y medios tecnología, vehículos, infraestructura, equipos de telecomunicaciones, ciberdelitos, inteligencia criminal, videovigilancia, comisarías, tribunales, cárceles, casas seguras para protección de testigos, etc.

9.    Elaborar y presentar en público un Diagnóstico de la Seguridad en Córdoba con datos cualitativos y cuantitativos de personal, patrulleros, comisarías, delitos, etc., dentro de los 30 días desde asumir el Gobierno. El Estado tiene la obligación de rendir cuentas a la sociedad de cómo y en qué se gastan los recursos públicos. Se debe generar y mantener actualizada la información estadística, cuanti y cualitativa relacionada con la inseguridad. A través de informes en la legislatura y en el sitio web oficial del Ministerio de Seguridad de la Provincia se debe poder acceder a la información de cuánto personal y medios se tienen para brindar la función de seguridad a los cordobeses, los datos de cantidad y tipo de delitos deben ser de acceso público.

10.  Articular y potenciar la sinergia interagencial, a nivel local, provincial y nacional. Es preciso realizar un abordaje interagencial debido a la condición intrínseca de multidimensional y multicausal que tiene la inseguridad. La colaboración con acciones coordinadas entre las instituciones municipales, provinciales y nacionales -incluso extranjeras de ser posible y conveniente- redunda en una mayor y mejor inteligencia criminal, prevención y represión del accionar delictivo, principalmente con vistas a descabezar las grandes organizaciones criminales transnacionales que operan en, desde y/o a través de la provincia de Córdoba.

11.  Ampliar y modificar la normativa vigente en materia de Seguridad a favor de las víctimas y/o sus familiares y también de los funcionarios públicos (Policía, Servicio Penitenciario, Fiscalías, etc.) para lograr el cumplimiento estricto de las penas correspondientes a cada delito. Las leyes deben empoderar a la autoridad pública en el legítimo monopolio del uso de la fuerza, deben disuadir a aquellos que piensan en cometer un delito de las serias consecuencias que ello les podría generar (pérdida de planes sociales, jubilaciones, carnet de conducir, etc.). Se debe consensuar y sancionar una Ley de Seguridad de la Provincia de Córdoba que establezca los grandes lineamientos a mantener por los próximos 20 a 30 años sin importar qué partido gobierne.

12.  Presencia, prevención y reinserción social. El estado municipal, provincial y nacional deben, cada uno en sus respectivos niveles y ámbitos de incumbencia, realizar un trabajo mancomunado para contribuir a la seguridad. Se necesita un eficaz y correcto mantenimiento y alumbrado de los espacios públicos (calles, plazas, parques, etc.); un tránsito vehicular ordenado que evite incidentes y accidentes que derivan en delitos; un sistema de transporte público con colectivos y paradas con cámaras, GPS, botones de pánico, etc.; un sistema educativo y deportivo que retenga a los niños y adolescentes además de formarlos para su futura inserción laboral; se deben crear condiciones para la generación de más empresas; quienes cumplan condena deben tener una rehabilitación y seguimiento hasta lograr su reinserción social y productiva; etc.