Desorden previsional y su impacto en el déficit fiscal

Por Ricardo Alloatti

El desorden previsional es una de las principales fuentes de déficit fiscal.

Mediante una nueva ley sancionada en Octubre de 2021, se creó un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la viña, que adelanta la edad de retiro a los 57 años de edad, con 25 años de aporte

Esta es una situación de ventaja respecto al régimen general que establece la edad jubilatoria en 60 para las mujeres y 65 para los varones con 30 años de aportes.

Esta ley se enmarca dentro de lo que se conoce como regímenes diferenciales los cuales establecen la jubilación anticipada por motivos de envejecimiento prematuro debido a la rigurosidad de las tareas. El esquema otorgado a los viñateros se suma a casi un centenar de tareas amparadas con regímenes diferenciales que datan de las décadas de los ’60, ’70 y ’80.

A los regímenes diferenciales se le agregan los regímenes especiales que también otorgan tratamientos más beneficiosos que el régimen general.

Por último, otra excepción en el sistema previsional lo constituyen las moratorias y las pensiones no contributivas que son jubilaciones otorgadas sin aportes o con aportes insuficientes.

Dada la enorme cantidad de regímenes de trato excepcional, cabe preguntarse cuánto representan dentro del total del sistema

Según datos de la Secretaría de Seguridad Social y otras fuentes complementarias, se observa que en Argentina se pagan 9 millones de jubilaciones y pensiones, de las cuales:

23% fueron otorgadas con el régimen general con la totalidad de los aportes

55% fueron otorgadas con las moratorias o no contributivas, es decir sin aportes

22% fueron otorgadas con el régimen diferencial o especial

Estos datos muestran que apenas 1 de cada 4 jubilaciones fueron otorgadas aplicando las reglas del régimen general con aportes.

La mitad de las jubilaciones fueron otorgadas sin aportes o con aportes insuficientes y sólo un cuarto aplicando reglas más ventajosas que la previstas en el régimen general.

Que el régimen general se aplique a una minoría, mientras que la mayoría de los trabajadores acceden a la jubilación a través de diferentes tipos de excepciones, alerta sobre la profundidad del desorden previsional.

Toda la política debería tomar consciencia de las consecuencias de seguir votando iniciativas que otorguen jubilaciones contributivas sin aportes, ya que el gasto previsional por este concepto equivale al 80% del déficit primario total.

Hasta la fecha, se han otorgado 3,5 millones de jubilaciones a través de moratorias, de las cuales 800 mil a su vez se duplican, debido a que un mismo beneficiario cobra además una pensión por sobrevivencia.

Estas moratorias prevén un procedimiento -sin antecedentes en otras partes del mundo-  que posibilita a una persona simular haber trabajado como autónomo “en negro” para reconocerle aportes no realizados y acceder a una jubilación en idénticas condiciones que una persona que efectivamente trabajó e hizo los aportes correspondientes. 

La primera moratoria data del gobierno de Néstor Kirchner, pero luego contaron con un amplio y transversal consenso político, como lo prueba el hecho de que fueron sucesivamente prorrogadas, incluso durante el gobierno de Mauricio Macri.

El costo fiscal de estas moratorias asciende al 2,4% del PBI, y continuar con su otorgamiento indiscriminado agrava de manera estructural la insolvencia fiscal, lo que a su vez implica la imposibilidad de alcanzar la estabilidad.

En lo que a los regímenes diferencia y especiales respecta, también la política actúa sin tomar consciencia del impacto que generan en el equilibrio fiscal. 

El caso del régimen diferencial para los trabajadores de viña tiene poca relevancia porque abarca un universo de pocos trabajadores. Pero es muy ilustrativo de la forma en que se legisla en temas previsionales. 

La ley fue aprobada con un alto consenso entre todos los partidos políticos representados en el Congreso. Se declama como único fundamento que las tareas generan envejecimiento prematuro, pero no se presentaron estudios médicos que avalen esta afirmación. Tampoco estudios actuariales que calculen el costo para el sistema previsional de jubilar antes a estas personas. 

Tal como se aprobó esta ley, el costo se socializa ya que se establece una contribución patronal adicional del 2% que claramente no compensa las mayores erogaciones. De esta manera, no se generan incentivos a las empresas viñateras para que adopten las medidas necesarias que eviten el sufrimiento de los trabajadores.