La educación superior, tampoco está ajena a la crisis

Por Silvina Talamoni

Argentina muestra serias deficiencias en los aprendizajes alcanzados en los niveles primario y secundario en todo el país, desde hace ya varios años y esto repercute en la educación a nivel superior. 

Algunos datos brindados por el Observatorio de Argentinos por la Educación son alarmantes: tan solo el 16% de los estudiantes que comienzan la primaria llegan al final del secundario en el tiempo esperado con conocimientos suficientes de lengua y de matemática, sólo el 53% de los alumnos finalizan la secundaria en el tiempo estipulado y el 25% de los estudiantes secundarios tienen sobreedad. 

En definitiva, el sistema de educación obligatoria no logra que todos los estudiantes terminen la secundaria y no logra los aprendizajes suficientes para continuar estudios superiores.

De acuerdo con lo expresado por la flamante presidente de la Academia Nacional de Educación, Paola Delbosco, la mayoría de los alumnos que ingresan a la facultad reclaman la falta de preparación adecuada para desarrollar una carrera universitaria. Y las políticas educativas tomadas recientemente no ayudan. 

Cuando los alumnos avanzan sin adquirir los conocimientos suficientes, aquellos que no pueden cumplir con los niveles mínimos exigidos, pasan una importante frustración, que se acumula año a año. Es así que diferentes especialistas sostienen que la decisión del Estado de imposibilitar la repitencia escolar termina por inducir al abandono.

La crisis en el sistema educativo argentino se ha agudizado en los últimos dos años, como consecuencia del cierre prolongado de las escuelas durante la pandemia. La interrupción de clases presenciales ha tenido como consecuencia el incremento de las desigualdades educativas y la pérdida de aprendizajes, sin perjuicio del enorme deterioro de la salud física y emocional que generó en los estudiantes. 

La imposibilidad de acceder a dispositivos y a una buena conexión a internet, también incrementó la deserción escolar. Los alumnos más perjudicados por el cierre de las escuelas durante los años 2020 y 2021 pertenecen a los extractos socio económicos más bajos de nuestro país. Y la desigualdad en los ingresos está claramente relacionada con la desigualdad educativa.

Existen numerosas investigaciones en todo el mundo que reflejan que a menor nivel socioeducativo, los niveles de desempeño son también menores, y a mayor nivel socioeconómico, los resultados académicos mejoran. 

En este contexto cabe mencionar que Argentina posee más del 50% de personas por debajo de la línea de pobreza, según los datos oficiales publicados por el INDEC. 

Organismos como la UNESCO, UNICEF, la OMS y el BID se han pronunciado sobre la “catástrofe generacional” que ha generado el cierre de las escuelas en toda Latinoamérica durante la pandemia, causando enormes daños que perdurarán en el corto y mediano plazo. Por ende, es de esperar que esto profundice la crisis en la educación superior hacia el futuro.

La educación es un proceso de formación permanente, pero cada nivel tiene su propio input/entrada y una salida/output. 

Si pensamos que el ingreso a la universidad está relacionado a las condiciones iniciales de sus estudiantes y al presupuesto educativo, se presentan una serie de inconvenientes a resolver. 

Una lectura rápida de los datos del presupuesto educativo de los últimos años evidencia que los recursos invertidos en educación han acompañado la evolución de los ciclos económicos, es decir, se fueron “ajustando” a los vaivenes de la macroeconomía. 

Sostener una educación de calidad, por lo tanto, no ha sido una política de Estado. Además, las condiciones de escolarización construidas por el Estado son insuficientes. Por ejemplo, la falta de nombramiento de docentes en el ámbito público genera que los niños no cumplan, sistemáticamente, con su horario habitual de clases. En el año 2003, el Estado fijó un piso mínimo de 180 días de clases en todas las escuelas del país, que luego se ampliaron a 190 días. Un par de años después, la Ley de Educación Superior estableció un piso mínimo del 6% del PBI para destinar al presupuesto educativo. Casi 20 años después observamos que nada de esto se llevó a cabo, ni cumplimiento del piso presupuestario, ni el calendario escolar.

La importancia de la educación universitaria no solo radica en el tamaño de los recursos, estudiantes y trabajadores involucrados sino, fundamentalmente, en el efecto que tiene su salida/output, es decir, en el impacto que genera sobre todos los restantes sectores de la sociedad, a través del trabajo de sus graduados. 

Si revisamos el presupuesto educativo, el principal gasto que enfrenta el Ministerio de Educación de la Nación es en la Educación Superior. Dos tercios del presupuesto educativo 2021 del Estado nacional se destina al financiamiento de las universidades y al pago del incentivo docente, mientras que el 33% restante se destina a “otros programas.” Las provincias, por su parte, mantienen un escaso margen para implementar políticas con recursos propios porque se ocupan básicamente del mantenimiento del sistema educativo, esto es, salarios e infraestructura. 

A pesar de esto, según los reportes del INDEC, los graduados universitarios en Argentina no llegan ni al 25% de la población. El Ministerio de Salud de la Nación publicó datos sobre los trabajadores del rubro enfermería en 2019, por ejemplo, y sólo el 16% del total son licenciados en enfermería, mientras el resto constituyen auxiliares y técnicos en enfermería. Esperemos no necesitar más profesionales enfermeros para hacer frente a una nueva pandemia o a una tercera guerra mundial.