Argentina y el derecho del consumidor

Por Juan Luis Furlotti

Previo a analizar este punto de dolor, es importante destacar que las economías más desarrolladas, modernas y competitivas del mundo, hacen foco en la protección del ciudadano consumidor, porque es quien sostiene -con sus compras- todos los complejos sistemas económicos y financieros que implican a las grandes corporaciones y a los gobiernos de numerosos Estados.

El consumo se encuentra en cada acto de nuestra vida, desde que nos despertamos, y aún dormidos. Consumimos, más hoy en día, aún sin salir de nuestros hogares, incluso viendo la televisión o escuchando la radio. Todo el tiempo tenemos publicidades de productos o servicios que nos intentan vender. Es un fenómeno que atraviesa a la sociedad en su conjunto, clase media, ricos y pobres.

El derecho del consumo es amplísimo, abarca, como se dijo, desde la compra de un caramelo, pasando por la adquisición de un automóvil o una vivienda, los servicios como la luz, el agua, el gas, o internet, o cuestiones aún más novedosas, como el uso de las redes sociales o la banca digital. Es decir, la temática está presente en todo momento y cada instante de nuestras vidas, por ello, algunos, a quienes me adhiero, lo perciben como un derecho humano.

Pues bien, esta relación de consumo a la que hacemos referencia es asimétrica, desigual, es decir, en algún punto, quien provee el bien o servicio tiene información más específica, o posee una gran porción del mercado, que la persona que adquiere el producto o servicio, y, por la misma dinámica del consumo, no puede analizar y comprender cabalmente todos los extremos para tomar una decisión racional, o bien, para protegerse contra algún eventual daño a su persona o su patrimonio. Por ello, es en este punto, donde el Estado, en sus diferentes estamentos, (Nacional, Provincial y Municipal), y a través de sus tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), tiene la obligación de proteger y balancear esa relación asimétrica a la que aludimos.

Lamentablemente en Argentina, es el mismo Estado Nacional y los estados provinciales los que atentan contra la seguridad del consumidor, cuando cargan los productos y servicios sin más, de impuestos, lo que los vuelve, en muchos casos, inaccesibles al común de la gente. Es también gravemente atentatorio contra el derecho de los consumidores la inflación que todos sufrimos y que es de público y notorio conocimiento los desastrosos efectos que produce al distorsionar los precios.

Asimismo, la situación en la Justicia no es mejor, si bien desde la sanción de la reforma constitucional, hace ya casi 30 años, lentamente algunos criterios jurisprudenciales han ido cambiando, y los jueces hacen interpretaciones más acordes a la normativa, estamos muy lejos aún de una situación siquiera de mínima protección al consumidor. Ello porque los tiempos de la justicia, no se condicen con la velocidad de resolución que requieren los conflictos consumeriles, o bien, por la resistencia de algunos magistrados a la aplicación de institutos como el Daño punitivo, que sirven en determinadas situaciones, cuando los incumplimientos y el destrato es ostensible, para corregir, mediante una multa a favor del consumidor.