Valor del dólar (política cambiaria)

La política cambiaria ha sido atribuida por la Constitución Nacional al Poder Legislativo. Eso y no otra cosa significa el clarísimo mandato del artículo 75, inciso 11, de la Constitución Nacional “Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras”.

Para hacerlo, el Congreso ha establecido un banco federal con facultad de emitir moneda (inciso 6 del mismo artículo), que es el Banco Central de la República Argentina, creado en 1935 para – simplificando la historia – reemplazar a la Caja de Conversión.

Ningún argentino desconoce el impacto de la política cambiaria en su vida diaria. Tal vez no así denominada, pero sin ninguna duda es muy difícil encontrar a alguien que desconozca el “valor del dólar”.

Ese precio del dólar, determinado principalmente por la cantidad de dinero emitida por el mismo Banco Central, que tanto dolor causa en todos los habitantes, sin distinción de orígenes ni ingresos, pero principalmente en aquellos que sólo subsisten casi sin esperanza de un futuro mejor, ya no es fijado por el Congreso de la Nación, ni por el banco creado para ejecutar la política cambiaria, sino por el Poder Ejecutivo. Y éste lo hace discrecionalmente, casi siempre en orden a sus necesidades de caja inmediatas y a sus objetivos políticos, cuando no ideológicos.

Así es que una herramienta destinada a fomentar el progreso y bienestar material de los habitantes, se ha transformado en un instrumento de poder y beneficio personal de los integrantes del gobierno de turno, a la vez que de fomento de penuria al resto de la población y útil para el férreo control de quienes menos oportunidades tienen.

La delegación (defección), evidentemente inconstitucional, del Congreso se plasmó a través de la mal llamada ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario[1], número 25561, dictada el 6 de enero de 2002 (hace ya más de veinte años).

Así es como el PEN, en lugar el Congreso de la Nación, es quien regula a su exclusivo arbitrio una variable determinante en la economía, que le permite, en ciertos aspectos, reunir la suma del poder público y decidir acerca de la vida y hacienda de los ciudadanos, quien de este modo dejan de serlo para transformarse en una suerte de siervos de quienes deberían servirlos.

La derogación de esa ley, extinguiendo de inmediato la inconstitucional delegación de la determinación de la política cambiaria en el Poder Ejecutivo, y el reordenamiento del sistema cambiario, comenzando por restablecer un banco central independiente e integrado por verdaderos profesionales, despojados de prejuicios ideológicos e intereses políticos y personales, garantizándoles la independencia necesaria para adoptar las mejores decisiones en cada momento, se impone como una necesidad acuciante, que redundará, sino en el corto, en el mediano plazo en beneficio de toda la población.

 

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[1] La cuestión de una emergencia que dura más de veinte años interpela directamente a todos aquellos quienes gobernaron desde ese momento hasta hoy; principalmente a todos los integran el peronismo, en cualquiera de sus variantes, desde la “nacionalista”, pasando por la “neoliberal”, hasta llegar el otro extrema y encontrar la “revolucionaria”, que estuvieron no sólo en la génesis de ese aberrante instrumento jurídico, sino en su ejecución durante diez y seis de esos veinte años y obstaculizaron con entusiasmo a los gobiernos de la Alianza y de Cambiemos los otros seis.

Juan Pablo Barbon